La corrupción no para. La Contraloría General de la República encontró hallazgos fiscales por $17.316 millones a la EPS Comfacor, por excesivos gastos indebidos con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). 

El ente de control fiscal indicó que estos recursos, que debían destinarse exclusivamente a la prestación de servicios de salud, se desviaron para contratar terceros privados para la administración de la EPS en otros departamentos de la región Caribe, así como para pagar patrocinio, servicios de publicidad y, también, beneficios extralegales de nómina.

El excontralor general Edgardo Maya Villazón puso esta investigación en conocimiento del recién posesionado Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel. 

La Supersalud adoptó medida preventiva de Vigilancia Especial al Programa de Salud de Comfacor, mediante Resolución 002263 del 4 de agosto de 2016, la cual fue prorrogada hasta el 31 de marzo de 2018 y nuevamente prorrogada por 6 meses más.

Gastos administrativos por encima de la ley

La Contraloría expresó que durante las vigencias 2015, 2016 y 2017, los Gastos Administrativos en la EPS llegaron a más de $119.984 millones, superando claramente los límites establecidos en la Ley.

La CGR estableció que dichos gastos no guardan relación con los fines del Sistema, que por su naturaleza tienen una destinación específica.

Se trata de gastos de publicidad, por más de $822 millones, honorarios por administración delegada, por más de $14.450 millones, auxilios extralegales de nómina y beneficios sociales para los funcionarios vinculados laboralmente al programa de salud, por más de $2.044 millones, entre otros.

Dentro de los gastos de publicidad realizados por la EPS Comfacor con recursos públicos de la salud, se encontraron $150 millones pagados al Club Profesional de Montería, Jaguares Fútbol Club S.A. Por su parte, la Academia de Beisbol Hermanos Rentería recibió $247 millones y el Reinado Nacional de la Ganadería $45 millones.

Así se dio el desvío recursos de la salud

Un equipo multidisciplinario de auditores de la Contraloría General de la República, conformado por dos abogados, dos contadores, un economista, un administrador de empresas y un ingeniero de sistemas, inspeccionó de manera rigurosa el estado de la Caja, evidenciando las irregularidades que hoy se han dado a conocer al país.

Comfacor, siendo Caja de Compensación Familiar, opera igualmente como Entidad Promotora de Servicios de Salud, y en consecuencia es receptora de recursos públicos asignados por el Estado para la atención de la población más vulnerable de la región norte del país. En tal calidad, fue objeto de una investigación por parte de la Contraloría que verificó la destinación de tales recursos.

Se trata de los recursos provenientes de la denominada Unidad de Pago por Capitación – UPC, que son recursos parafiscales y en consecuencia le pertenecen al Sistema de Seguridad Social en Salud, por lo que no se pueden destinar a usos diferentes a los de la misma seguridad social.

Excesivos gastos

La Contraloría verificó los procesos de Liquidación Mensual de Afiliados de la EPS Comfacor, a partir de la información suministrada por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, para las vigencias 2015, 2016 y 2017, correspondientes al programa de Salud, estableciendo que tan sólo en dichas vigencias administró más de un billón de pesos por este concepto, así:

Sin embargo, durante el mismo período, los Gastos Administrativos en la EPS Comfacor llegaron a más de $119.984 millones, superando claramente los límites establecidos en la Ley.

Tales gastos resultan excesivos si se tiene en cuenta que, como pudo verificar el equipo de la Contraloría, durante las vigencias inspeccionadas la EPS no presentó los registros contables de valores que debieron haberse registrado como gastos de administración, y que se debían separar del cálculo del indicador de cumplimiento (tal como lo establece el artículo 7° de la Resolución 4175 de 2014, modificado por el artículo 4 de la Resolución 412 de 2015).

Gastos que no guardan relación con servicios de salud

De las visitas efectuadas por el equipo de la Contraloría a las instalaciones de Comfacor, y luego de examinar los registros contables de los gastos administrativos efectuados con recursos pertenecientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, se estableció que dichos gastos no guardan relación con los fines del Sistema, que por su naturaleza tienen una destinación específica.

Se trata de gastos de publicidad, por más de $822 millones, honorarios por administración delegada, por más de $14.450 millones, y beneficios y auxilios extralegales de nómina, por más de $2.044 millones, entre otros, todo lo cual configuró los hallazgos fiscales establecidos por la Contraloría en más de $17.316 millones.

Toda vez que se trata de recursos provenientes de la Unidad de Pago por Capitación U.P.C., los mismos conservan su naturaleza parafiscal y deben destinarse al Sistema General de Seguridad Social en Salud; su carácter es público y su destinación específica, de conformidad con los artículos 48 de la Constitución Política y 9 de la Ley 100 de 1993.

Gastos de publicidad con recursos de salud

En los años 2015, 2016 y 2017, la EPS Comfacor pagó gastos por publicidad y patrocinios a terceros con recursos de salud provenientes de la U.P.C. 

De dichos gastos se destacan los efectuados a favor del Club Profesional de Fútbol de Montería, Jaguares Fútbol Club S.A., al que se le pagaron $150 millones de pesos con recursos de la salud. La Academia de Béisbol, Hermanos Rentería, por su parte, recibió $247 millones.

De igual forma, el Reinado Nacional de la Ganadería, recibió recursos de la salud por $45 millones, y a otros gastos de diferentes tipos de publicidad, que no guardan relación con los servicios de salud, se le destinaron más de $218 millones.

Todos los anteriores corresponden a gastos no permitidos con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ocasionando un hallazgo fiscal por más de $822 millones.

Dichos recursos fueron utilizados en beneficio de terceros privados, sin ninguna conexión con la prestación del servicio de salud y en perjuicio de los afiliados a la EPS Comfacor, que vio disminuidos los recursos públicos disponibles para la administración, organización y garantía del servicio de salud.

Honorarios por administración delegada

Entre 2015 y 2017, la EPS Comfacor mantuvo vigentes los contratos de administración delegada con empresas privadas en los departamentos de La Guajira, César, Magdalena, Bolívar, Atlántico y Sucre, con el fin de crear nuevos aseguramientos en estos territorios a través de un mandato sin representación.

En dichos contratos, sin embargo, Comfacor acordó expresamente que los honorarios por administración delegada se pagarían con un porcentaje de la UPC que recibía en aquel entonces por parte del Fosyga.

Los siguientes son los montos pagados por este concepto, al cierre de cada una de las vigencias:

De acuerdo con la información auditada en Comfacor, se pudo evidenciar que en la ejecución de los contratos de mandato estudiados por la Contraloría, se ejecutaron actividades propias del aseguramiento y de la coordinación de las IPS, que hacían parte de la Red de Prestadores de Salud de la EPS, en los diferentes departamentos, lo cual va en contravía de la normatividad vigente sobre la materia.

La Superintendencia Nacional de Salud ha sido clara al referirse a este concepto de gastos, reiterando también que los recursos provenientes del Sistema General de Seguridad Social en Salud deben tener un manejo impecable y ser destinados única y exclusivamente al fin para el cual fueron creados; y la subcontratación o intermediación de los servicios de salud, desvía por sí misma el destino de los recursos de la salud pública.

La Contraloría pudo entonces evidenciar que la EPS Comfacor contrató con terceros particulares, a los que les pagó con un porcentaje de la Unidad de Pago por Capitación – UPC, para que realizaran actividades que eran única y exclusivamente obligación de esa EPS y con lo que se vieron beneficiados contratistas que recibieron recursos públicos por el desarrollo de actividades que no podían ser delegadas en ellos.

Todo lo anterior generó un detrimento patrimonial de los recursos de salud, en cuantía superior a los $14.450 millones.

Gastos extralegales de nómina y bienestar social

De igual forma, durante las vigencias 2015 al 2017, Comfacor realizó pagos con los mismos recursos provenientes de la UPC, por conceptos de primas de vacaciones, primas extralegales, auxilios, bonificaciones, gastos de transporte, hospedaje y gastos de bienestar social, para funcionarios vinculados laboralmente al Programa de Salud, por más de $2.044 millones.

Si bien se trata de gastos inicialmente relacionados con la administración y funcionamiento de la EPS, los mismos excedieron las obligaciones laborales corrientes, y debían ser cubiertos con una fuente de pago distinta, proveniente de recursos propios de la Comfacor, pero no con los recursos parafiscales originados en la UPC.

Dichos rubros, al no guardar relación de causalidad con la prestación de los servicios de salud, no debieron sufragarse con recursos de la UPC, posición que de forma reiterada han sostenido tanto la Contraloría, como la Corte Constitucional y la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Estas irregularidades en el pago de beneficios extralegales de nómina en Comfacor, se presentaron por la no utilización de adecuados mecanismos de control, tanto de los gastos de administración sobre el valor de la UPC, como de los pagos que no tenían relación con la prestación del servicio de Salud. 

Como resultado de lo anterior, se estableció el manejo irregular de los recursos pertenecientes al Sistema de Seguridad Social en Salud, en desmedro de los afiliados a la EPS Comfacor, detrimento patrimonial cuya cuantía superó los $2.044 millones.

El total de los hallazgos fiscales evidenciados por la Contraloría en Comfacor, superó los $17.316 millones.

*Con información de la Contraloría General de la República